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15 de Octubre, 2026

MÁS DE 100 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EXIGEN LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE FIDEL ZAVALA Y DE LÍDERES DE LA COMUNIDAD LA FLORESTA EN EL SALVADOR

Mientras Nayib Bukele anuncia la posibilidad de otorgar la libertad condicional a miles de personas detenidas bajo el Régimen de Excepción —insistiendo en su culpabilidad pese a la creciente condena internacional por las violaciones generalizadas al debido proceso y otros derechos humanos—, su gobierno continúa prolongando el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Fidel Zavala y de 21 miembros de la comunidad La Floresta, detenidos en febrero de 2025 mientras se organizaban contra el desalojo masivo de más de 200 familias campesinas.

El 15 de octubre, tras el anuncio sin precedentes de Bukele, más de 100 organizaciones de derechos humanos, religiosas, de solidaridad y de diáspora salvadoreña de 19 países exigieron su liberación inmediata y denunciaron al gobierno salvadoreño por “criminalizar a quienes se organizan en defensa de sus derechos”.

La carta de las organizaciones responde a una resolución emitida el 11 de septiembre de 2026 por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, que aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República de prorrogar la fase de investigación del caso La Floresta hasta el 25 de agosto de 2027. Esta es la tercera prórroga del proceso. De no celebrarse una audiencia especial, es probable que las personas detenidas permanezcan en prisión preventiva durante al menos dos años y medio sin haber sido llevadas a juicio.

Lee la carta completa y lista de grupos firmantes aqui.

En su carta dirigida a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, las organizaciones denunciaron que prolongar aún más el proceso impide que Zavala y los miembros de la comunidad La Floresta puedan defenderse de los cargos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, entre otros, que la defensa ha denunciado reiteradamente por carecer de sustento probatorio.

El caso comenzó en febrero de 2025, cuando las familias de La Floresta se organizaban contra el desalojo masivo de más de 200 familias campesinas que habían vivido en esos terrenos durante más de una década. UNIDEHC, una organización de derechos humanos que brinda acompañamiento jurídico y organizativo a comunidades que enfrentan desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos, acompañaba a los habitantes que resistían el desalojo. El 25 de febrero de 2025, veintiún miembros de la comunidad fueron detenidos junto con Zavala, quien se desempeñaba como vocero de UNIDEHC.

Zavala ya había sido encarcelado injustamente en 2022, cuando permaneció aproximadamente 13 meses en prisión. Tras su liberación en marzo de 2023, presentó denuncias por tortura, corrupción y otros abusos que había presenciado por parte del personal penitenciario, y se convirtió en una voz crítica frente a los abusos en el sistema penitenciario salvadoreño.

En respuesta a la prórroga de la prisión preventiva, Amnistía Internacional actualizó su Acción Urgente para expresar su preocupación por la seguridad de Zavala durante su detención. La organización advirtió que sus denuncias anteriores contra el personal penitenciario podrían exponerlo a represalias e instó a las autoridades salvadoreñas a garantizar que no sea trasladado ni permanezca recluido en condiciones que puedan poner en riesgo su integridad física o psicológica.

Las organizaciones internacionales también expresaron su preocupación por el “posible deterioro” de la salud de Zavala y advirtieron sobre un eventual traslado al centro penitenciario La Esperanza, conocido comúnmente como Mariona, “donde su vida correría peligro” al quedar bajo la custodia de agentes penitenciarios a quienes anteriormente denunció por tortura y corrupción.

Las organizaciones firmantes describen el caso La Floresta como parte de un patrón más amplio en el que las comunidades que se defienden del desplazamiento, así como los defensores de derechos humanos que las acompañan, son procesados no ante los tribunales ordinarios, sino a través del sistema de justicia contra el crimen organizado de El Salvador, donde las garantías del debido proceso son prácticamente inexistentes.
El proceso judicial también se ha extendido a los abogados de UNIDEHC Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes trabajaron junto a Zavala en el acompañamiento a la comunidad La Floresta y actualmente viven en el exilio.

Alexis Stoumbelis, Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES): “El anuncio de Bukele sobre sus planes de otorgar la libertad condicional a decenas de miles de personas, la mayoría de las cuales probablemente fueron detenidas injustamente desde un principio, encubre uno de los verdaderos objetivos del régimen de excepción: perseguir y amenazar a las comunidades que se organizan para defender sus derechos sobre la tierra y el agua, acusándolas de ‘agrupaciones ilícitas’. CISPES se suma al llamado internacional por la liberación inmediata e incondicional de los 21 habitantes de La Floresta y del defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien los acompañó mientras se enfrentaban al gobierno por violar su derecho a organizarse”.

Vicki Gass, Latin American Working Group (LAWG): “El Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés) condena la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador de prorrogar por tercera vez el período de investigación en el caso de Fidel Zavala, esta vez hasta agosto de 2027. El anuncio de Bukele sobre sus planes de otorgar la libertad condicional anticipada a miles de personas detenidas busca silenciar la labor de valientes defensores de derechos humanos como Zavala, quienes han arriesgado su propia libertad para exigir que se rindan cuentas por la violencia y la tortura que ocurren dentro de las cárceles salvadoreñas. Mantener a Fidel detenido indefinidamente bajo cargos falsos pone de manifiesto, una vez más, la falta de pruebas por parte del gobierno salvadoreño. Los cargos contra Fidel y los miembros de la comunidad La Floresta deben retirarse y todos deben ser liberados sin condiciones, al igual que miles de otras personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción”.

James Lafferty, director ejecutivo emérito del National Lawyers Guild de Los Ángeles: “El capítulo de Los Ángeles del National Lawyers Guild se une a líderes mundiales y organizaciones de justicia civil de todo el mundo para exigir la liberación inmediata de Fidel Zavala y los líderes de la comunidad La Floresta encarcelados en El Salvador.  Denunciamos que la prolongación de la investigación no es más que un intento abierto de silenciarlos, tanto a ellos como a otros defensores de derechos humanos que apoyan sus luchas. Este caso ha constituido una violación del derecho internacional desde que comenzó en febrero de 2025.  La comunidad La Floresta tiene todo el derecho a organizarse contra el desalojo masivo de más de 200 familias campesinas que habían vivido en sus tierras durante más de una década. Condenamos la tortura, la corrupción y los numerosos abusos cometidos por el personal penitenciario de los que Zavala ha sido testigo. Reconocemos y condenamos la persecución judicial en este caso, pues constituye otro ejemplo evidente de los intentos del gobierno por silenciar a todas aquellas personas que luchan valientemente por construir un país más justo para todo el pueblo salvadoreño”.

Comité de Solidaridad de Salvadoreñxs en Euskal Herria: “El Comité de Solidaridad de Salvadoreñxs en Euskal Herria nos unimos a las organizaciones de diferentes partes del mundo para exigir la liberación inmediata de Fidel Zavala y los habitantes de la comunidad La Floresta, encarcelados injustamente en El Salvador. Ante los últimas declaraciones del Presidente Bukele, de liberar a la mitad de personas capturadas bajo el régimen de excepción, pedimos que también sean liberados las personas presas políticas.”

Ana María Méndez-Dardón, Director for Central America, Washington Office on Latin America (WOLA): El gobierno salvadoreño utiliza un sistema de justicia penal autoritario para silenciar a quienes se atreven a defender a sus comunidades y desafiar los abusos de poder. Fidel Zavala y los líderes comunitarios de La Floresta llevan más de un año y medio en prisión preventiva sin el debido proceso. Esto no es justicia; es criminalización y una ruptura del Estado de derecho. Las autoridades salvadoreñas deben liberar de inmediato a los detenidos injustamente, poner fin a la persecución de los defensores de derechos humanos y respetar el derecho de los salvadoreños a denunciar abusos sin temor a ser encarcelados o sufrir represalias.

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