En abril, miembros del Congreso de Estados Unidos y participantes de la audiencia “El estado de excepción en El Salvador: Año cinco”, realizada por la Tom Lantos Human Rights Commission, cuestionaron un reciente informe anual del Departamento de Estado (publicado en agosto de 2025), que afirmaba que no existían “informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos” en El Salvador. A lo largo de la audiencia, la gran mayoría de los participantes testificó que la conclusión del Departamento de Estado contradecía la documentación que expertos en derechos humanos habían acumulado durante los últimos años y sostuvo que Estados Unidos debía dejar de ser “cómplice” de estos abusos, exigiendo que cualquier asistencia a El Salvador estuviera condicionada a mejoras demostrables en materia de derechos humanos.

Susana SáCouto, directora de la War Crimes Research Office de la Facultad de Derecho de American University Washington College of Law, compareció ante la comisión y presentó los hallazgos de un informe de casi 300 páginas del que es coautora, titulado El Salvador at a Crossroads: Crimes Against Humanity in the Context of Public Security Policy. A diferencia del Departamento de Estado, el informe concluye que “existen motivos razonables para creer que [...] se están cometiendo crímenes de lesa humanidad” en el país bajo el régimen de excepción. Sus conclusiones, presentadas un mes antes ante la Inter-American Commission on Human Rights, son el resultado de una investigación realizada por destacados juristas independientes de diversos países, agrupados en el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

La investigación contó con el respaldo de la Due Process of Law Foundation, la International Commission of Jurists, la International Federation for Human Rights, InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa de Estudios de Derechos Humanos en Contexto de la Ghent University (Bélgica). El informe fue elaborado a partir del análisis de documentos y declaraciones del gobierno salvadoreño, investigaciones periodísticas e informes nacionales e internacionales, así como de reuniones con víctimas, representantes de la sociedad civil, académicos, abogados y periodistas.

El documento señala que, durante más de cuatro años, han permanecido suspendidos derechos relacionados con el debido proceso, el acceso a defensa legal y los límites a la detención preventiva. Asimismo, sostiene que “el estado de excepción en El Salvador se ha transformado en una política permanente que socava el ordenamiento jurídico nacional” y que miles de personas detenidas no tienen vínculos comprobados con pandillas. Además, documenta más de 500 muertes bajo custodia estatal y afirma que las detenciones han afectado de manera desproporcionada a “una población joven que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema… residente de comunidades económicamente desfavorecidas”.

Según el informe, prácticas como las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución y las muertes bajo custodia “forman parte de un plan deliberado, generalizado y sistemático impulsado desde los más altos niveles del poder estatal”. También sostiene que estas violaciones “requieren un entorno institucional que las posibilite, las planifique, las ejecute y las normalice”.

Bajo el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad se encuentran entre las conductas más graves reconocidas por la comunidad internacional. No están sujetos a prescripción y pueden dar lugar a responsabilidad penal individual para quienes los ordenen, faciliten o no actúen para prevenirlos. En consecuencia, las conclusiones que establecen la existencia de motivos razonables para creer que tales crímenes están siendo cometidos conllevan posibles consecuencias jurídicas y reputacionales que podrían persistir mucho después de que finalice el estado de excepción o de que los líderes políticos abandonen el poder.

Noah Bullock, director de Cristosal, y otros expertos que testificaron ante la Comisión Tom Lantos coincidieron con el análisis del GIPES en que el gobierno salvadoreño ha convertido las violaciones a los derechos humanos contra personas detenidas en una política de Estado. “Aprendimos, a partir de una abrumadora evidencia testimonial respaldada por análisis forenses, los patrones de tortura en el CECOT”, afirmó Bullock. “Lo que dicen los custodios penitenciarios, las amenazas que realizan y las prácticas de tortura coinciden exactamente con los mismos patrones que hemos documentado en otras cárceles, lo que indica que la tortura se ha convertido en una política estatal dentro de las prisiones salvadoreñas”.

Sin embargo, en su informe sobre El Salvador publicado en agosto de 2025, durante la gestión del secretario Marco Rubio, el Departamento de Estado llegó a una conclusión marcadamente distinta de los testimonios e informes presentados ante el Congreso, afirmando simplemente: “No hubo informes creíbles de abusos significativos contra los derechos humanos [en 2024]”.

Por su parte, el congresista Jim McGovern, copresidente de la Comisión Tom Lantos, cuestionó directamente el contenido del informe del Departamento de Estado al afirmar: “Esto es una mentira. He estado [en El Salvador] y he visto con mis propios ojos los resultados de estos abusos, y he hablado con innumerables salvadoreños que han venido a Washington para brindarme su testimonio personal... Esto es un insulto para todas las personas cuyos derechos humanos han sido violados. Esto es un encubrimiento”.

McGovern señaló que entre 2019 y 2023 los propios informes del Departamento de Estado sí documentaron abusos cometidos por fuerzas de seguridad salvadoreñas tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. En consecuencia, considera que las conclusiones del informe correspondiente a 2024 reflejan “o una ignorancia alarmante de la realidad o una decisión intencional”.

Cabe señalar que, meses antes de la publicación de su informe sobre El Salvador, el Departamento de Estado ya había mostrado interés en eliminar obstáculos para la cooperación con el gobierno de Bukele. Tras visitar El Salvador y Guatemala en febrero de 2025, Rubio promovió la posibilidad de que Estados Unidos enviara “criminales” para ser encarcelados en El Salvador y anunció una exención para la asistencia en materia de seguridad, pese a la congelación global de la cooperación internacional. En abril de 2025, el Departamento de Estado certificó que El Salvador cumplía con todas las condiciones relativas a derechos humanos, independencia judicial y garantías anticorrupción necesarias para recibir financiamiento del gobierno estadounidense. Para entonces, Estados Unidos ya había transferido aproximadamente 4.76 millones de dólares al Banco Central de Reserva de El Salvador para financiar el encarcelamiento de migrantes venezolanos, entre otras necesidades vinculadas a la aplicación de la ley y la lucha contra el crimen.

Durante su intervención en la audiencia de la Comisión Tom Lantos, la congresista Ilhan Omar manifestó que le llamó “particularmente la atención el inquietante paralelismo” entre el estado de excepción en El Salvador y la política antimigratoria de Estados Unidos. Entre los elementos mencionados destacó “el uso de cuotas que incentivan arrestos arbitrarios”, la “prejudicialización de las personas detenidas basada en su apariencia”, la “detención arbitraria” y el “incumplimiento de órdenes judiciales”. Asimismo, agregó: “No existe ninguna justificación aceptable para la violación de estos derechos fundamentales en El Salvador, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo”.

Tras la audiencia en el Congreso estadounidense, el presidente Nayib Bukele reaccionó en redes sociales acusando a organizaciones de derechos humanos, periodistas y participantes de la audiencia de buscar “la liberación del 100 % de los pandilleros arrestados durante el estado de excepción”. El mandatario sostuvo que quienes participaron en la discusión ante el Congreso de Estados Unidos “defienden terroristas” y buscan “convertirnos nuevamente en el país más peligroso del mundo”.

Bukele también se refirió al informe presentado ante la CIDH, asegurando que un grupo de “expertos” acudió a ese organismo “para, básicamente, pedir la liberación del 100 % de los pandilleros capturados durante el estado de excepción”.

En respuesta, Santiago Cantón, uno de los coautores del informe del GIPES, ya había rechazado públicamente esa interpretación. “En ninguna parte del informe se dice que el grupo recomiende liberar a 89,000 presos”, afirmó. Cantón explicó que el documento propone revisar las detenciones “caso por caso” y sostuvo que “las personas inocentes tienen que salir de allí”.

Ivania Cruz, abogada y defensora de derechos humanos que se vio obligada a solicitar asilo político en España tras enfrentar persecución por su labor de defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción, también ha señalado que miles de personas permanecen detenidas durante años sin recibir una sentencia, lo que calificó como un “castigo anticipado”, dentro de un sistema en el que las audiencias masivas y las restricciones al acceso a la defensa limitan gravemente los derechos individuales. A ello se suman denuncias sobre prácticas como allanamientos sin orden judicial, restricciones a la comunicación con familiares y abogados, y condiciones penitenciarias precarias.

Para Cruz, el informe internacional del GIPES marca un punto de inflexión al llevar estas denuncias a un escenario global, ya que “ya no se trata únicamente de denuncias internas. Se trata de una evaluación externa e independiente que cuestiona la narrativa oficial”.