El 3 de septiembre de 2025, alrededor de 50 integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), incluyendo madres, hijas y abuelas, fueron retenidos temporalmente por la Policía Nacional Civil (PNC) al intentar acercarse a la engañosamente denominada Primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos organizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Su objetivo era entregar un escrito denunciando violaciones graves de derechos humanos bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, incluyendo detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y criminalización de defensores.

La cumbre reunió a delegaciones de extrema derecha de más de 25 países, incluidos Estados Unidos, España y Brasil, pero excluyó deliberadamente a organizaciones locales de derechos humanos, como MOVIR y Cristosal. Samuel Ramírez, integrante de MOVIR, cuestionó que se “olvidó invitar a quienes seguimos luchando por las víctimas de este Estado represor, que margina, captura y mata a los pobres en cárceles, comunidades y hospitales.”

Ramírez denunció que la cumbre buscaba “ocultar las violaciones que ocurren en el país e imponer una narrativa oficial”, y criticó a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, por “evitar escuchar a las víctimas y callar frente a las muertes en prisión, las enfermedades y el hacinamiento carcelario”, lo que contradice la misión de la PDDH, una entidad creada como parte de los Acuerdos de Paz de 1992 para proteger los derechos humanos, supervisar el respeto a las garantías constitucionales y brindar asistencia a víctimas de abusos estatales.

Entre los invitados principales al Cumbre se encontraba Macarena Olona, exdiputada del partido español de ultraderecha VOX señalada por posturas represivas y xenófobas, quien elogió públicamente el modelo de seguridad del gobierno salvadoreño, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Para MOVIR, la presencia de delegaciones extranjeras se convirtió en un acto de complicidad, ya que no tuvieron acceso a las víctimas ni a los centros penitenciarios, y fueron presentadas únicamente con una versión oficial que oculta detenciones arbitrarias, torturas, muertes en custodia y criminalización de defensores.
Mientras organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias por detenciones arbitrarias y torturas, organizaciones señalan que desde la implementación del régimen de excepción, se han registrado más de 88,000 capturas arbitrarias, suspensión de derechos fundamentales como la defensa técnica y más de 400 muertes en custodia estatal, muchas con signos de violencia, la cumbre proyectaba  la imagen de un país “ejemplo en derechos humanos y reconciliación”. 

Ademas de ser ignorados y excluidos por la PDDH y el estado, integrantes de MOVIR y otras organzaciones han denunciado seguimeinto, persecución y campanas de difamacion que sufren defensores de derechos humanos. En marzo de 2025, Alfredo Mejía, activista de MOVIR, alertió de vigilancia policial sobre él y su familia tras denunciar la detención de su hija en abril de 2022. “Si estoy en MOVIR no es que estoy defendiendo delincuentes, estoy defendiendo a mi hija que es inocente y por eso le he dado la cara a todos los medios de comunicación,” afirmó Mejía. Más de 100 personas han sido forzadas al exilio por la represión bajo el régimen de Bukele en 2025, incluyendo periodistas, abogados, académicos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, el mayor éxodo a cuasa de la persecución político desde la guerra civil (1979-1992). La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reporta que al menos 40 periodistas han abandonado el país, mientras que Cristosal estima que 24 activistas han sido detenidos y muchos otros han optado por el exilio.

Aún frente a esta escalada de intimidación, vigilancia y detenciones arbitrarias contra activistas y personas defensoras, MOVIR continúa su labor de documentar y denunciar abusos contra la población: recientemente, anunció que participará, junto a otras expresiones del movimiento social y popular, en una marcha pacífica convocada para el 15 de septiembre, día de la Independencia de Centroamérica, para pronunciarse contra las violaciones a los derechos humanos y protestar contra el régimen de excepción.

Ramírez afirmó que la manifestación pacífica se mantiene pese a campañas de desinformación y obstáculos impuestos por el gobierno: “Queremos decirle al pueblo salvadoreño que va a haber marcha, truene, llueva o relampaguee. Es una fecha tan importante donde se habla de la independencia y en este país no hay independencia.”

Como han señalado anteriormente, MOVIR existirá y resistirá mientras persistan los abusos y los intentos de silenciar a quienes buscan justicia para las víctimas y sus familias.