Diversos sectores de la sociedad salvadoreña salieron nuevamente a las calles el sábado 23 de noviembre para denunciar los ataques del régimen de Bukele contra los trabajadores del sector público y los profundos recortes al gasto social incluidos en la propuesta de presupuesto para el próximo año. La marcha del sábado siguió a una serie de actividades en respuesta a la propuesta presupuestaria de Bukele para 2025 encabezadas por el emergente Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), convocante de una marcha el 19 de octubre que movilizó a miles de sindicalistas de los sectores de educación y salud, y por el Bloque de Rebelión y Resistencia Popular (BRP), que presentó un presupuesto popular alternativo a la Asamblea Legislativa el 31 de octubre.

Al MDCT, que es una coalición ad hoc de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, se unió el BRP para la marcha de este sábado 23, después de hacer el llamado a todos los salvadoreños a unirse a la marcha, denunciando que «[el presupuesto del gobierno] deterioraría aún más las condiciones de vida de la población que ya se encuentran en un estado deteriorado [y] agravaría el ya grave empobrecimiento que ha sufrido la población salvadoreña en los últimos cinco años».

Estos llamados a la movilización para una segunda «Marcha Blanca» fueron desafiantes ante la oleada de despidos de destacadas y destacados participantes en la protesta del 19 de octubre, que pasó a conocerse como la primera «Marcha Blanca», en referencia a las protestas encabezadas por los trabajadores de salúd contra los intentos de privatizar partes del sistema de salud pública bajo los gobiernos derechistas de ARENA de finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Más de un centenar de trabajadores del sector salud y de educación fueron despedidos en las semanas siguientes.

Los organizadores advirtieron que el gobierno está utilizando la idea de represalias como cortina de humo para empezar a aplicar esta última oleada de despidos masivos. Francisco Omar Parada, del BRP, hizo un llamado a los trabajadores para que sigan saliendo a la calle a protestar como única esperanza para proteger a los trabajadores y los servicios públicos.

«[El] gobierno quiere que pensemos [que los despidos son represalias], pero sabemos que el proyecto de presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa incluye una oleada de despidos y podemos ver que ya ha comenzado. Han empezado despidiendo a gente que pueden utilizar como ejemplo, pero se ha hecho así para que la gente no se movilice. Sin embargo, creemos que es importante que la gente se movilice... y denuncie estas violaciones laborales y de los derechos humanos».

El presupuesto de Bukele deterioraría aún más las condiciones de vida

El proyecto de presupuesto del gobierno recorta la financiación de 14 de los 16 ministerios del país y eliminaría 11.000 puestos de trabajo. La propuesta para 2025 reduce en 970 millones de dólares al presupuesto a comparación al total de 2024, lo que, según el economista César Villalona, tendría un efecto contractivo en la economía. «Cuando un gobierno reduce su presupuesto, reduce la demanda interna y ni siquiera estimula al sector privado, que vende bienes al gobierno y es contratado para realizar obra pública».

A pesar de un déficit estimado en cerca de 500.000 viviendas para dos millones de salvadoreños que carecen de una vivienda adecuada, el proyecto de ley del gobierno recortaría el presupuesto del Ministerio de Vivienda en un 27%, afirma Villalona.

Todos menos uno de los 31 hospitales del país verían recortados sus presupuestos y se eliminarían 1.119 puestos en el sector de salud pública. El sector educativo también sufriría un recorte presupuestario de 34 millones de dólares y la supresión de 781 puestos de trabajo. También se congelarían las escalas salariales legalmente protegidas en ambos sectores, un tema central en torno al cual los sindicatos de la magisteriales se han movilizado en protestas de calles en los últimos dos meses.

Un presupuesto alternativo que responda a las necesidades de la gente

Tras su rechazo frontal al presupuesto del gobierno para 2025, el BRP creó un «presupuesto alternativo y popular» a través de un proceso de consulta con los diversos sectores que conforman el Bloque, como alternativa a los drásticos recortes en el gasto social incluidos en el proyecto de ley de Nayib Bukele - propuesta que entregaron a la Asamblea Legislativa el 31 de octubre, Día del Sindicalista Salvadoreño. La fecha marca la conmemoración del bombardeo de 1989 a la sede de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS).

Foto: El BRP marcha a la Asamblea Legislativa para presentar su proyecto de presupuesto alternativo

El presupuesto alternativo del BRP da prioridad a los servicios sociales y la producción nacional, y recorta los presupuestos de la fuerza armadas, la oficina del presidente y la Asamblea Legislativa. Diez de los 16 ministerios del gobierno verían aumentados sus presupuestos, pero el presupuesto global sólo es un 11% mayor que la propuesta del gobierno. Los fondos adicionales se cubrirían mediante un impuesto progresivo en el que «los sectores sociales que tienen más dinero pagan más impuestos».

El presupuesto también se centra en mejorar los sectores de salud y educación, crear viviendas asequibles y mejorar infraestructuras como las carreteras y el acceso al agua.

Dedicaría 35 millones de dólares a reparar escuelas y aumentaría el presupuesto de la Universidad de El Salvador en 80 millones. El gobierno no ha desembolsado 48 millones de dólares del presupuesto de la UES para 2024, dejando a la única universidad pública del país cargada de deudas. El 35% de los estudiantes de educación superior del país estudian en la UES.

Veteranos, agricultores, estudiantes y trabajadores universitarios y víctimas del régimen apoyan un presupuesto popular alternativo

En los días previos a la marcha del 31 de octubre, organizaciones de diversos sectores realizaron conferencias de prensa en apoyo al presupuesto alternativo del BRP y para denunciar los efectos negativos que la propuesta de presupuesto de Bukele tendría en sus respectivos sectores.

En una conferencia de prensa realizada el 30 de octubre por combatientes del FMLN que lucharon en la guerra civil del país, dirigentes denunciaron los recortes previstos a las pensiones y beneficios de los y las ex-combatientes. A pesar de una ley de 2022 que debería haber aumentado sus pensiones, los veteranos y ex combatientes no han recibido los fondos. El presupuesto de Bukele para 2025 recortaría $25 millones del presupuesto de servicios a los veteranos, lo que prácticamente garantiza que el gobierno seguirá incumpliendo la ley.

También pidieron la liberación inmediata de diez dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, organización que unió a veteranos de ambos lados de la guerra civil para oponerse al creciente autoritarismo de Bukele. Los dirigentes fueron detenidos en los días previos a la segunda toma de posesión inconstitucional de Bukele, el 1 de junio, y permanecen en prisión a pesar de que muchos de ellos padecen enfermedades que ponen en peligro su vida.

Uno de los dirigentes detenidos de la Alianza, José Santos Melara, era también director del Instituto de Administración de Beneficios para Veteranos y Ex Combatientes (INABVE), órgano gubernamental, hasta su detención el 30 de mayo. El 5 de noviembre, el INABVE anunció la suspensión de las cuentas de más de 20.000 beneficiarios.

El proyecto de presupuesto de Bukele también fue condenado en una conferencia de prensa celebrada el 29 de octubre por la Confederación de Federaciones Salvadoreñas de Reforma Agraria (CONFRAS), el Movimiento de Defensa de la Tierra (MDT) y la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (ANTA). El Ministerio de Agricultura, ya en crisis según César Cañas del MDT, está amenazado con un recorte presupuestario del 43%, la mayor reducción de todos los ministerios del gobierno.  «Como organizaciones y cooperativas de trabajadores agrícolas y de comunidades rurales, rechazamos el proyecto de presupuesto nacional, ya que representa un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas.»