Desde el 1 de mayo de 2021, el Órgano Judicial ha sufrido una serie de cambios que vulneran  la independencia de los poderes del Estado y lo someten a los intereses del Ejecutivo, dirigido por el presidente Nayib Bukele.

Una de las primeras acciones de la  “Bancada Cyan”, como se autodenominan las diputadas y diputados de la fracción oficialista de Nuevas Ideas, fue destituir de sus cargos a las magistradas y magistrados miembros de la Sala de lo Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Estas acciones fueron vistas por muchos especialistas como la consolidación del control de los tres órganos de gobierno, pero constituían únicamente un primer paso hacia el control total del órgano judicial.

En medio de denuncias por despidos arbitrarios en el gobierno central y la Asamblea Legislativa, el 10 de septiembre, el presidente Bukele sancionó una ley aprobada por la Asamblea, que obliga a retirarse a decenas de  jueces y juezas mayores de 60 años o con más de 30 años de ejercicio. Así lo establece la reforma al Art. 3 de la Ley de la Carrera Judicial, la cual reza: “El ejercicio de la función de Magistrados y Jueces cesará, de manera obligatoria, cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan sesenta años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo..”

Pero esta nueva regla no aplica para todos los jueces, la reforma excluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombrados inconstitucionalmente el 1 de mayo. Esta excepción evidencia las intenciones de quitar del camino a los jueces de más de 60 años que han tenido una posición crítica ante los abusos de este gobierno.

Aunado a dicha exoneración, la mayoría oficialista de la Asamblea dejó la puerta abierta para reincorporar a otros jueces y juezas mayores de 60 años que respaldan al gobierno y que se han subordinado ante acciones emprendidas por el gobierno, a pesar de sus vicios de inconstitucionalidad. En el Art.4 de las reformas, se manifiesta lo siguiente:“No obstante lo anterior, el Magistrado o Juez que ha cesado en sus funciones quedará en régimen de disponibilidad, si así lo consintiere expresamente, pudiendo la Corte Suprema de Justicia, de manera motivada, determinar la posibilidad de que pueda seguir ejerciendo en determinada sede judicial atendiendo a razones de necesidad o especialidad de la materia". 

Estas reformas, además  de contar claramente con un objetivo político, riñen con el sentido de independencia de poderes, rompen con el espíritu de las reformas alcanzadas con los Acuerdos de Paz, y contravienen el Art. 186 de la Constitución, el cual establece que  “La ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen; y los medios que le garanticen una remuneración justa y un nivel adecuado a la responsabilidad de sus cargos”.

Esta serie de violaciones a la independencia judicial,  provocó que la Cámara de Familia de la sección de oriente (un juzgado de nivel intermedio, solo por debajo de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia), admitiera la solicitud de medidas cautelares en contra de la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia que dejaría sin efecto dichas reformas. La Cámara decretó dichas medidas cautelares argumentando la violación de derechos humanos, principalmente referidas a los derechos del adulto mayor, manifestando que el Estado Salvadoreño es firmante de tratados internacionales que protegen la integridad física y moral de las personas adultas mayores, y resolvió dejar sin efecto la reforma a nivel nacional, a la vez que  requirió que los 3 órganos del Estado argumenten las causas que han motivado la modificación de la ley. La resolución también expresa la decisión de que las juezas y jueces mayores de 60 años se mantengan en sus cargos. 

Sin embargo el proceso de destitución forzada de los funcionarios judiciales no ha tomado en cuenta esta resolución, con el agravante que las sentencias de los diferentes juzgados que contravienen los intereses de la administración Bukele no tienen ningún tipo de efecto real, generando así una inestabilidad jurídica y judicial, proyectando una serie de acciones para profundizar la persecución política ya iniciada por este gobierno con los casos de ex funcionarios y ex funcionarias en los gobiernos del FMLN.

Esta dinámica de control total, la destitución de jueces y esta inseguridad jurídica representa un peligro más para la oposición de los sectores populares que han venido denunciando constantemente esta orientación totalitaria de ultraderecha en las diferentes manifestaciones desarrolladas en el mes de septiembre.

“Las constantes violaciones a los derechos humanos han sido el pan de cada día con este gobierno, desde la falta de entrega de credenciales a sindicatos que no coinciden con sus ideas, hasta la detención arbitraria con objetivos políticos. Nos encontramos actualmente en un ambiente donde no existe ningún tipo de seguridad para las personas que denunciamos este tipo de atropellos.” Sonia Urrutia-UNITRASAL.