En medio del escrutinio por corrupción en la administración y el creciente descontento entre la población, el régimen de Nayib Bukele se apresura a esparcir difamaciones.

Como parte de una agresiva estrategia de demostración de fuerza, la Policía Nacional Civil realizó un operativo el pasado jueves por la noche en el que se detuvo ilegalmente a exfuncionarios de las administraciones del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN).  El movimiento social y las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador están denunciando que las detenciones, las cuales fueron realizadas sin una orden judicial, tienen motivaciones políticas y demandan la liberación inmediata de las y los detenidos.

Los primeros blancos del más reciente ataque político de Bukele fueron la Dra. Violeta Menjívar, ex Ministra de Salud y exalcaldesa de la ciudad capital, San Salvador; y  Erlinda Hándal, ex Viceministra de Ciencia y Tecnología, e hija del fundador del FMLN, Schafik Hándal.  Asimismo, se capturó a Calixto Mejía, ex Viceministro de Trabajo y exdiputado por el FMLN; a Hugo Flores, ex Viceministro de Agricultura; y a Carlos Cáceres, ex Ministro de Hacienda.

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, anunció que se emitirán órdenes de arresto de otros ex funcionarios, incluyendo al ex Presidente Salvador Sánchez Cerén. Delgado añadió que buscará ayuda internacional en su cruzada, dado que el expresidente (2014-2019) lleva un tiempo residiendo fuera del país.

Luego de llevar a cabo las detenciones, representantes de la Policía Nacional Civil, junto con el Fiscal General, Rodolfo Delgado, anunciaron que los funcionarios del FMLN estaban siendo acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; esto a pesar de que ninguno de los detenidos fue informado previamente de estar bajo investigación y, mucho menos, enfrentando cargos.

Inmediatamente después de las detenciones, el poderoso aparato de comunicación gubernamental activó una campaña para difamar a los detenidos, publicando evidencias sin fundamento, en un esfuerzo de montarles un juicio con la opinión pública.

Críticos en El Salvador aseguran que los arrestos y el show mediático que los acompaña son una respuesta de Bukele a los recientes golpes a su imagen, incluyendo el creciente descontento hacia la imposición de una nueva ley que obligaría a usar el Bitcoin como una moneda de curso corriente; así como la aparición de funcionarios de alto rango y líderes de su partido Nuevas Ideas en un listado de personas acusadas de corrupción publicado recientemente por el Departamento de Estado de EEUU y, solo en la última semana, revelaciones del expresidente Antonio Saca relativas a pagos secretos hechos durante su administración al padre de un diputado de Nuevas Ideas y a personas actualmente aliadas con el partido de gobierno.

Grupos de Derechos Humanos y de oposición en El Salvador emitieron un pronunciamiento público declarando que “lo que está claro es la enorme corrupción del actual gobierno, el cual esconde información sobre el gasto de fondos públicos y actualmente está impidiendo que la Corte de Cuentas audite alrededor de mil millones de dólares del presupuesto 2020.  Constantemente surgen evidencias públicas de corrupción en este gobierno. Estas acciones ilegales demuestran la debilidad de un régimen que recurre a la violencia y la difamación para impulsar su imagen pública, la cual ha sido deteriorada por el recrudecimiento de los problemas de la población. En los últimos dos años, el desempleo y la pobreza han aumentado, la salud pública se ha deteriorado y la violencia contra las mujeres ha aumentado, además de otra serie de males sociales”.

Asimismo señalan que “ninguna acción llevada a cabo por el autoproclamado Fiscal General de la República tiene validez legal, dado que su nombramiento es el resultado de acciones ilegales de diputados y diputadas del partido de gobierno, quienes lo juramentaron sin seguir los procesos establecidos en la Constitución”.

Declaraciones de la Directora de Programa del Comité en Solidaridad con El Salvador (CISPES), Samantha Pineda:

“La detención ilegal de exfuncionarios del FMLN tiene el sello del régimen Bukele. No es una sorpresa que, con una administración que se encuentra contra la espada y la pared debido a la corrupción generalizada y el uso indebido de fondos de emergencia para atender la pandemia por Covid-19, el presidente Bukele abuse de su control sobre la policía y el Fiscal General para descargar la culpa en otros actores y enfurecer a la población con acusaciones infundadas de corrupción cometida por sus predecesores.

Tampoco resulta sorpresivo que Bukele desate su ira contra el FMLN, el único partido político en El Salvador que está dispuesto a desafiar sus planes de vender el país, pieza a pieza, a inversionistas y benefactores.

Sin embargo, lo particularmente preocupante es el hecho de que la policía detuvo a estas personas sin una orden judicial en vigor y sin proporcionarles ninguna información acerca de la causa de su detención o hacia dónde estaban siendo llevadas. Esta es una muestra más de que el funcionamiento de esta administración se basa en secretismo e ilegalidad. También se asemeja terriblemente a la represión estatal de épocas anteriores.

En este momento, estamos atestiguando un peligroso patrón de intimidación y persecución política en El Salvador.  El martes por la noche, CO-MADRES, una organización fundada por madres y familiares de personas que fueron víctimas de desapariciones forzosas durante el conflicto armado en los 80, fue víctima de un allanamiento y robo de archivos de los casos de desapariciones. Existe poca confianza en que el actual Fiscal General perseguirá estos y otros ataques contra las organizaciones de derechos humanos.

El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador deben pronunciarse de inmediato por la liberación de los prisioneros políticos y llamar a que se ponga fin a las redadas y detenciones ilegales, incautaciones e intimidación política de los adversarios políticos del presidente.

Esta es una gran oportunidad para que la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Manes, enmiende los errores del pasado ya que, durante su mandato anterior como Embajadora de los Estados Unidos, apoyó descaradamente acciones con motivaciones similares llevadas a cabo por el ex Fiscal General, Douglas Meléndez, quien también optó por no actuar ante pruebas que indican que hubo más de $4 mil millones en malversación de fondos públicos durante los veinte años de la administración de ARENA.

Debido a estas acciones ilegales, el Senado estadounidense también debe retirar el financiamiento y apoyo para la Policía Nacional Civil, en el próximo proyecto de Presupuesto, lo cual la Cámara de Representantes no logró en su reciente votación. El apoyo de Estados Unidos a la policía y el ejército está alimentando este tipo de represión política en toda Centroamérica”.

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