Estados Unidos en 1989 enfrentan una posible deportación tras ser condenas en tribunales federales estadounidense por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil sangrienta del país (1980-1992). Las sentencias son no sólo un reconocimiento de los crímenes horribles y sistémicos cometidos por el Estado salvadoreño en la década de 1980, sino también una denuncia de la política de Estados Unidos que apoyó y protegió a esos funcionarios.

El ex-Ministro de Defensa José García y el ex-Director de la Guardia Nacional Carlos Vides sirvieron entre 1979-1983, presidiendo sobre los asesinatos estatales de unos 40.000-50.000 civiles. Después de ser concedido el asilo, los dos buscaron residencia en Miami, Florida, mientras los EE.UU. continuó armando, financiando y entrenando a las fuerzas armadas salvadoreñas hasta el fin de la guerra en 1992.

Los víctimas civiles trajeron casos separados contra los generales por los delitos de tortura y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos bajo su mando. En 2012, un juez federal ordenó la deportación de Vides, y la deportación de García se ordenó en febrero de 2014; ambos hombres han apelado las decisiones. Los fallos sobre Vides y García siguen un orden parecido de deportación para el ex-Coronel Inocente Montano, implicado en la infame masacre de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y su hija en 1989.

Para más información, véase este artículo en el Miami New Times.