Organizaciones sociales y populares salvadoreñas han convocado a movilizarse el próximo 15 de septiembre, fecha que, de acuerdo al Bloque de Resistencia y Rebeldia Popular (BRP), se ha convertido en simbolo de lucha por una verdadera independencia [...] frente a la instalacion y profundizacion de un regimen autocratico que ha tomado el control de las instituciones publicas para ponerlo en funcion del clan familiar al cual pertenece, de la oligarquia, del imperialismo, y de sus mismos aliados.” Las organizaciones tomaran las calles para denunciar las reformas al sistema político-electoral, la prolongación del Régimen de Excepción, las violaciones a los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de la población. La convocatoria también señala la creciente persecución contra sindicalistas y otros sectores organizados.

Durante la convocatoria a la marcha, el BRP advirtió que las reformas electorales y constitucionales aprobadas entre 2025 y 2026 buscan asegurar la continuidad del actual gobierno hasta 2033 y restringen las posibilidades de participación de la oposición. La organización sostuvo que “el contexto está totalmente controlado por el oficialismo” y denunció “una manipulación de las leyes electorales y de la Constitución salvadoreña”, por lo que participar en el proceso “termina legitimando un proceso que está totalmente controlado por el gobierno”, señaló.

La convocatoria también denuncia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante más de cuatro años de Régimen de Excepción “que continua golpeando a miles de familias que lloran el secuestro de sus seres queridos sin pertenecer a un grupo delincuencial”. Según el BRP, esta medida ha dejado de tener un carácter temporal y “se ha convertido prácticamente en una política pública que restringe los derechos de toda la población”,  que ha resultado en miles de capturas arbitrarias y en la negación del derecho de las familias a contar con información sobre las condiciones de vida y salud de las personas detenidas, incluyendo al menos 19 dirigentes y trabajadores sindicales.

Al respecto, Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), señaló que hay personas que llevan hasta cinco años esperando una resolución sobre sus casos, por lo que, durante la marcha, exigirán “un proceso judicial justo y transparente” para las víctimas de capturas arbitrarias.

Bajo el lema “Con Régimen de Excepción no hay independencia: ¡por justicia, libertad y derechos humanos!”, MOVIR ha llamado a participar en la marcha, señalando que la independencia “no puede reducirse a una celebración mientras miles de familias siguen esperando justicia y respuestas”.

Al respecto, el Bloque señaló que las herramientas penales utilizadas en este contexto han alcanzado a “líderes sociales o referentes políticos”.  Tal es el caso de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos nueve veteranos de la guerra civil y un comunicador, quienes llevan más de dos años en prisión preventiva. Su audiencia prevista para agosto fue suspendida en dos ocasiones, sin contar con una fecha para la reprogramación.

La convocatoria también denuncia “la constante persecución a sindicalistas y juntas directivas sindicales” a quienes el Gobierno aún no les ha otorgado las credenciales necesarias para representar a la clase trabajadora frente a empleadores e instituciones.

Uno de los casos señalados por organizaciones laborales es el de Geovanni Antonio Aguirre López, sindicalista detenido bajo el Régimen de Excepción desde 2022 y que enfrentará un juicio masivo pese a contar con dos órdenes judiciales de libertad. La Comisión de Expertos de la OIT también ha solicitado información al Estado salvadoreño sobre su situación y garantías para el respeto a la libertad sindical.
El BRP advirtió que los juicios masivos vulneran el principio de inocencia y pueden colocar a personas inocentes “en una misma audiencia con personas que sí se ha demostrado que han pertenecido a los grupos delincuenciales”.

A esto se suman denuncias realizadas por organizaciones de trabajadores sobre despidos injustificados, hostigamiento contra dirigentes sindicales y obstáculos para la organización y representación de los trabajadores. Entre los casos denunciados se encuentra la negativa del Gobierno de reconocer e inscribir la directiva de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT).

Recientemente, el Gobierno de Nayib Bukele celebró no estar incluido en la “lista corta” de la OIT  de 2026, en la que figuran países cuestionados  por posibles violaciones a derechos laborales. No obstante, el Comité de Libertad Sindical de la OIT mantiene abierto un caso sobre El Salvador por denuncias de despidos y suspensiones antisindicales, injerencias y restricciones al ejercicio de la representación sindical.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral cuestionó la propuesta gubernamental de concentrar la jornada en cuatro días de once horas, porque no reduce el tiempo de trabajo, sino que extiende las jornadas diarias y puede afectar la salud, el descanso y la vida familiar. Frente a ello, plantea reducir la jornada sin rebaja salarial y fortalecer la estabilidad y la libertad sindical.

Por otra parte, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña también anunció su participación en la marcha y denunció, en un comunicado, el deterioro de la educación pública y la falta de condiciones para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior.  De cara a la marcha del 15 de septiembre, exigieron mayor inversión en educación pública y que se garantice el derecho de la juventud a organizarse, expresarse y participar.

Las y los profesionales salvadoreños, por su parte, expresaron que no aceptan que se presente como “modernización” la pérdida de empleos y el debilitamiento de los servicios públicos, y llamaron a movilizarse por “empleo digno, salarios justos y pensiones dignas”.

Desde el sector agrícola, los productores también han denunciado el abandono del sector por parte del gobierno, el cual se ha visto fuertemente aftectado este año por la sequía, lo que profundiza su situación de incertidumbre, ante el riesgo de perder la semilla.

A estas denuncias se suma el deterioro de las condiciones económicas, marcado por el encarecimiento de “los servicios de educación, de electricidad, de alimentos básicos, de combustibles y transporte, de salud y de alquiler de vivienda”, así como el “acelerado deterioro de la calidad de vida” de la población.

Este deterioro ha venido acompañado de un aumento de la pobreza. Según datos del Banco Mundial, entre 2019 y 2023, la proporción de hogares salvadoreños por debajo de la línea nacional de pobreza pasó del 22.8% al 27.2%, mientras que la pobreza extrema aumentó del 4.3% al 8.8%.

Asimismo, la evaluación del séptimo año de gobierno realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reportó que 71 de cada 100 personas expresaron preocupaciones económicas. El Instituto indicó que el 15.3% de la población identifica el alto costo de la vida y la inflación como el principal problema del país, el 12.4% señala el desempleo y el 5.7% la pobreza.

Ante esta situación, los representantes del BRP llamaron a fortalecer la organización popular “en barrios, colonias, cantones, caseríos, fábricas, tiendas, espacios de trabajo y en todos los lugares donde se pueda organizar”, y convocaron a salir a las calles este 15 de septiembre para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el Régimen de Excepción, la persecución contra sectores organizados y el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora.