El lunes 29 de abril, el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, alteró profundamente la ley constitucional salvadoreña otorgándose licencia total para aprobar y ratificar reformas constitucionales en el próximo período legislativo, muchas de las cuales han estado en discusión desde septiembre de 2020. Los partidos políticos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento popular denunciaron inmediatamente la aprobada "reforma" debido a que desmantela las protecciones fundamentales para la participación ciudadana y los límites a la consolidación del poder consagrados en la Constitución. Muchas de las reformas constitucionales en discusión desmantelarían pilares clave de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil.

Apenas dos días antes de que concluya el actual periodo legislativo (2021-2024), el partido de Bukele y sus aliados aprobaron de forma precipitada una reforma del artículo 248 de la Constitución de la República, que define el proceso para las reformas constitucionales. Según la Constitución actual, aprobar una reforma constitucional requiere el voto del 50% +1 de los diputados de la Asamblea Legislativa en la legislatura actual y la ratificación por dos tercios de los diputados de la legislatura sucesiva. El requisito existe para asegurar que se celebren elecciones entre medias para que la ciudadanía pueda votar para seguir apoyando -o no- a los partidos o legisladores que votaron a favor de aprobar la reforma.

El cambio aprobado el lunes, calificado por grupos de la sociedad civil como "precipitado y sin consulta", permitiría que las futuras reformas puedan ser propuestas, aprobadas y ratificadas (por tres cuartas partes de los diputados) en un solo período legislativo de tres años. Anabel Belloso, diputada saliente del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), denunció que la medida está impulsada por la ambición del partido gobernante de perpetuarse en el poder.

Se espera que la reforma sea ratificada por la legislatura entrante, cuyo mandato comenzará el 1 de mayo. Por tanto, el partido de Bukele podría aprobar cualquier cambio constitucional que desee en la próxima legislatura, ya que dispondrá de 54 de los 60 escaños como resultado de la eliminación de escaños, los cambios en la fórmula para asignar dichos escaños, casos de votos amañados y otros problemas documentados durante las elecciones del 4 de febrero de 2024. Estos cambios a la constitución podrían incluir modificaciones en los límites de los mandatos, ya violados por la participación de Bukele en las elecciones presidenciales de 2024, y otros que han estado bajo consideración durante los últimos años.

¿Qué cambios se pueden esperar? Comisión ad hoc propone reformas para legalizar los retrocesos a los Acuerdos de Paz

Tras un decreto oficial de Bukele el 1 de septiembre de 2020, el vicepresidente Félix Ulloa encabezó una comisión ad hoc cuyo objetivo era presentar al presidente recomendaciones de reformas constitucionales. El 15 de septiembre de 2022, la comisión presentó 216 reformas a la Constitución, que actualmente consta de 274 artículos. Los expertos constitucionalistas han afirmado que cambios tan significativos equivalen a una revisión que prácticamente sustituye a la Constitución del país y advierten de que muchas de las reformas propuestas sirven para concentrar el poder en pocas manos, en su gran mayoría bajo el control de Bukele.

Una de las reformas más preocupantes abriría la puerta a una politización legalizada de la fuerza armada, violando directamente los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil en el país. Los expertos en derechos humanos también advierten sobre un cambio propuesto para eliminar una prohibición constitucional existente sobre "grupos armados de carácter político, religioso o gremial", lo que podría abrir la puerta a una mayor militarización o a fuerzas estatales represivas.

Otra reforma propuesta sustituiría al Tribunal Supremo Electoral, también creado por los Acuerdos de Paz. Los miembros de la nueva autoridad electoral, así como de un Tribunal Constitucional propuesto y de otros organismos gubernamentales, serían seleccionados por una nueva "Colegio de Abogados y Notarios". Aunque no se establece explícitamente en las reformas, el Colegio de Abogados y Notarios probablemente estaría controlado por la Asamblea Legislativa, donde Nuevas Ideas tendrá una supermayoría en el período legislativo 2024-2027.

La comisión ad hoc también propuso cambios que podrían facilitar la permanencia de Bukele y Ulloa en el poder a perpetuidad. Una de las reformas planteadas amplía el periodo presidencial de cinco a seis años y permitiría la reelección tras un único periodo de un presidente distinto. Los grupos de derechos humanos advierten de que esto permitiría una "rueda de caballos" en la que Bukele y Ulloa se turnarían en la presidencia. Las reformas propuestas por Ulloa también redefinirían la definición de Estado, legitimando la existencia de un gobierno unipartidista.

La oposición denuncia un proceso sumamente irregular

El contenido de las reformas que podrían emprender Bukele y su partido agravan las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil, juristas y políticos de la oposición por la decisión del lunes de eliminar el requisito de segunda ronda legislativa para ratificación de reformas constitucionales.

En primer lugar, y quizás lo más importante, el Artículo 248, que rige el proceso para reformar la constitución, es una parte esencial de las llamadas “cláusulas pétreas” y que, por tanto, no se pueden alterar.

En segundo lugar, la propuesta se aprobó mediante una modificación de última hora de la agenda, lo que requirió una exención del procedimiento normal, una práctica empleada con frecuencia por la supermayoría alineada con Bukele desde el inicio de su mandato en mayo de 2021. Esto viola el proceso requerido para una reforma constitucional, que tiene siete fases, incluida una de diálogo y deliberación pública previa a la aprobación, así como una fase informativa previa a la ratificación.

Por último, la reforma se aprobó después de las elecciones legislativas de 2024. Como han señalado los expertos jurídicos, los precedentes legales establecen que el período para proponer nuevas reformas constitucionales expiró después de las elecciones legislativas del 4 de febrero. En 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que entre la aprobación y la ratificación de una reforma constitucional debe realizarse una elección legislativa, para que la ciudadanía pueda “pronunciarse a favor o en contra de la reforma, de acuerdo con las plataformas políticas de los candidatos a diputados legislativos.”

En un comunicado conjunto emitido el lunes, un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña denunció que «con su reforma, los diputados legislativos adquieren un nuevo poder: cambiar la Constitución en una sola legislatura, quitándole a la ciudadanía la capacidad de decidir con su voto».

Lea el comunicado en su totalidad aquí y nuestra traducción al inglés aquí.

Declaración de CISPES: “Aunque la última maniobra ilegal del partido de Bukele para ampliar aún más su propio poder es alarmante, no es sorprendente. Frente al absoluto desprecio de Bukele y su partido por la ley, es esencial la solidaridad internacional con el movimiento popular salvadoreño y sus esfuerzos por unificar a diversos sectores de la población que se enfrentan a las amenazas del régimen, desde las comunidades campesinas hasta los líderes sindicales y los defensores de los derechos humanos.”