El 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una serie de reformas tributarias con el objetivo de pasar el peso fiscal desde la pobre mayoría hacia los más ricos en el país y reducir su dependencia en préstamos internacionales para financiar inversión social. El proyecto de ley fue aprobada a pesar de una campaña ardiente en su contra en los medios de comunicación conservadores nacionales.

Las medidas fueron redactadas por la administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aprobadas con los votos de legisladores del FMLN y el partido conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). El paquete de reformas incluye impuestos sobre propiedades no productivas valuadas a más de $350,000; un impuesto mínimo de 1% a netos activos de empresas; un impuesto a transacciones financieras con sumos arriba de $750, con exenciones para remesas, retiros de efectivo, pagos de tarjetas de crédito, seguro social, salario o préstamos; y la eliminación de la exención para los dueños de periódicos del pago del impuesto sobre la renta.

Los medios de comunicación salvadoreños mantienen su campaña contra las nuevas reformas fiscales, y el partido de oposición de la derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ha seguido amenazando de presentar una demanda cuestionando la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, la administración del FMLN ha celebrado la aprobación como un paso significativo hacia la justicia económica y responsabilidad fiscal. “Con tanta necesidad que hay en un pueblo tan desigual como el nuestro, el poner impuesto a los sectores de más alta capacidad contributiva es una necesidad y eso es lo que hicimos¨,   declaró el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres.

Traducido por Samantha Pineda