LOS HECHOS:

El día lunes 2 de julio, el Presidente de la República tenía programado el lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización y la inauguración de un proyecto de agua, con presencia de las y los Alcaldes, Gobernadores y Cuerpo Diplomático, en el centro recreativo San Juan, en Suchitoto; ocasión en la que diversas organizaciones sociales y comunitarias, programaron realizar una jornada de protesta pacífica motivada por dos razones fundamentales:

b) El enfoque de descentralización que se iba a inaugurar, es sin duda alguna, la puerta de entrada a la privatización del agua a nivel nacional. Ya en ocasiones anteriores los proyectos privatizadores se han venido disfrazando en otras figuras jurídicas, razón por la cual el pueblo ha perdido la confianza en las propuestas gubernamentales.

Ese 2 de julio, había un numeroso grupo de personas en la plaza central de Suchitoto y había otros grupos sobre la carretera; a la altura del desvío a la Ciudadela Guillermo Ungo, sobre la carretera que conduce a Suchitoto, la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC lanzó gases lacrimógenos y balas de goma a un grupo de personas, quienes tuvieron que salir huyendo por el monte en diversos grupos. Sin bastar esto, la UMO más el GRP, los asedió y persiguió por tierra y por aire, durante más de 4 horas. Todo el operativo, estuvo acompañado de un fuerte contingente militar el que hizo uso de tanquetas.

Las familias que habitan las comunidades de la zona se vieron afectadas por los gases y se tuvo que desalojar a las y los niños de las escuelas por la misma razón. Esto solo nos hace revivir los peores momentos de las “guindas� durante el conflicto armado, con la única diferencia que hoy, los represores son agentes de la PNC , institución nacida de los Acuerdos de Paz y no la temible FA de los años 80.

Al mismo tiempo, un carro patrulla de la PNC se atravesó frente a un vehículo de CRIPDES, en la entrada a la ciudad, capturando a por lo menos cuatro personas quienes no se habían bajado del vehículo, nada más por el hecho de dirigirse hacia la concentración.

Al tener conocimiento de estas capturas, el grupo de personas que estaba en la plaza fue a la entrada del Barrio de La Cruz a pedir por la libertad de las y los detenidos, interviniendo también, a solicitud de la población, el Párroco de la localidad; la PNC dijo que iba a negociar y que levantaría un acta para liberar a las personas detenidas, pero sin aviso entraron miembros de la UMO , haciendo uso de violencia y maltrato, agrediendo incluso al auxiliar del Párroco, e impidiendo la resolución pacífica del incidente.

Entre tanto, el Presidente de la República , llegó al centro recreativo San Juan, y aunque no desarrolló el programa previsto, si hizo acto de presencia en el lugar, pues salvo la protesta pacífica que desde una isla de enfrente y desde unas lanchas, hacían las organizaciones de mujeres, la actividad oficial no se vio afectada, pues los acontecimientos violentos se dieron a por lo menos 2 kms. arriba, por la indiscutible provocación de la PNC ; la UMO entró a atacar a las y los participantes en una protesta pacifica, se usó fuerza desproporcionada, sin permitir el diálogo ni la mediación.

Al final el resultado ha sido más de 25 personas heridas con balas de goma, 18 con afectación grave por gas pimienta; 14 personas detenidas y acusadas de desordenes públicos y asociaciones ilícitas. Las personas detenidas son: Marta Lorena Araujo Martínez, Facundo Dolores García, Manuel Antonio Rodríguez Escalante, Rosa María Centeno Valle, Héctor Antonio Ventura Vásquez, María Aydee Chicas Sorto, Sandra Isabel Guatemala, José Ever Fuentes, Patricio Valladares Aquino, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía Ramírez, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuila y Vicente Vásque.

A las personas detenidas se les trasladó en helicóptero para Cojutepeque, en el trayecto, fueron objeto de tortura sicológica al amenazarlos con que serían lanzados desde las alturas.

Las y los detenidos fueron consignados a la orden del juez de Cojutepeque, recluidos originalmente en Santa Cruz Analquito, ambos en el departamento de Cuscatlán; actualmente están detenidos en Cojutepeque, hasta por un plazo máximo de 72 horas, que manda la ley. El jueves se celebrará la audiencia, para determinar si se les pone en libertad o se les envía a juicio. Las condiciones en las que se encuentran detenidas las personas son infrahumanas: hay hacinamiento, falta de higiene, sin privacidad alguna, ni para hacer sus necesidades fisiológicas; además, los hombres están revueltos con reos comunes; a hombres y mujeres, nada más se les permite ir al baño dos veces al día, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde.

Uno de los detenidos se encuentra muy mal de salud, ya fue trasladado al hospital, pues está vomitando sangre a consecuencia de los golpes que recibió al ser detenido; otra persona está quemada con el gas y otra, con serios problemas emocionales. Se les puede visitar, a discreción de la PNC , una hora al día.

Otra vez, como hace un año, el pueblo se encuentra de luto e indignado por la falta de justicia en nuestro país; se reprime una protesta pacífica; se reprime a un grupo de personas que en ejercicio legítimo de las libertades constitucionales, hacen saber su descontento por las políticas que se implementan, pero también por la falta de justicia, por el desinterés de los funcionarios públicos de buscar la verdad en casos tan graves como el de la familia Manzanares. y por su insistencia en seguir contribuyendo a la polarización del país.

Reiteramos nuestra convicción que tanto la Ley Antiterrorista como la Ley del Crimen organizado, son inconstitucionales.

Por lo anterior EXIGIMOS:

1. La inmediata libertad de las y los detenidos; el respeto a su integridad física y moral, pero además, la garantía del debido proceso constitucional.

2. El respeto a la Constitución y por ende, a las libertades ciudadanas en ella consagradas; la expresión, la reunión, el tránsito y la asociación, son derechos inalienables de la persona humana y las expresiones sociales que se estaban dando en Suchitoto, no eran más que el ejercicio legítimo de libertades constitucionales.

3. Que se dé muestras concretas de respeto a la Constitución y de la vigencia del Estado de Derecho, permitiendo sin interferencias, el funcionamiento de la institucionalidad del Estado. La FGR , la PNC y el Órgano Judicial deben someterse exclusivamente a los mandatos de la Constitución y a leyes constitucionales.

4. Respeto a la independencia judicial, la cual es una garantía para el acceso a la justicia de la población y una responsabilidad para quienes deben impartir justicia. En tal sentido demandamos de la Corte Suprema de Justicia un actuar consecuente con el respeto al Órgano Judicial y exigencia a la Separación de Poderes.

5. La responsabilidad de los medios de comunicación social de informar con profesionalismo y ética; es su deber ciudadano comunicar la verdad de los hechos, sin manipulación intencionada.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las distintas expresiones públicas y privadas de la sociedad salvadoreña y al pueblo en general a exigir y pronunciarse por:

1. La inmediata libertad de las y los compañeros detenidos.

2. El cese de la campaña mediática y policial de intimidación a que se tiene sometida a la población, al criminalizar la demanda ciudadana.

3. A las Naciones Unidas y al Grupo de Países Amigos para los Acuerdos de Paz, a verificar el estado actual del cumplimiento de los Acuerdos; la responsabilidad asumida por dichos entes en todo el proceso vivido por nuestro pueblo, durante y post conflicto, les demanda la inexcusable responsabilidad de dar un seguimiento severo a los logros obtenidos en 1992.

4. A las Naciones Unidas, a que interponga sus buenos oficios para establecer una investigación independiente e imparcial sobre los hechos que están ocurriendo en El Salvador; específicamente aquellos que están poniendo en riesgo la estabilidad política y la construcción de democracia. Es muy grave para la estabilidad del país, que se esté vinculando las expresiones de descontento social, legítimas y legales, con actos delictivos, con claros intereses electorales.

Las organizaciones firmantes reivindicamos el derecho de la población a manifestarse públicamente en uso legítimo de las libertades constitucionales. Cualquier restricción al libre ejercicio de estos derechos, debe interpretarse como una grave violación a Derechos Humanos fundamentales y un retroceso en el proceso de democratización que se gestó con la firma de los Acuerdos de Paz.

San Salvador, 4 de julio de 2007

Acción por la Salud en El Salvador, APSAL.

Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud.

Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador, APSIES.

Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental , ACISAM.

Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal, CCM.

Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután, COMUS

Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental , ACISAM.

Asociación de Humanistas de El Salvador, AHES.

Asociación de Mujeres Rurales. AMR

Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM.

Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, APROCSAL.

Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES.

Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador, ENAES.

Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas, AMS.

Asociación Para el Desarrollo de la Mujer Rural , ADEMUR.

Asociación PROBIDAD.

Asociación Probúsqueda de niños y niñas desaparecidos de El Salvador.

Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PRO-VIDA

Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Local y la Democracia , FUNDASPAD.

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida , LAS DIGNAS.

Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES.

Biblistas Populares, BIPO

Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas de El Salvador, CEIJES.

Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, CPDH.

Concertación Comunal de El Salvador, CODESAL.

Concertación de Comunidades de Oriente, CODECO.

Concertación de Mujeres.

Concertación Feminista Prudencia Ayala, CFPA.

Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos

“Marianela García Villas�, CODEFAM.

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. CDHES.

Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas en CONFRAS

Comité Nacional Monseñor Romero.

Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador, CEBES

Comunidad de la Cripta de Catedral.

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Económico y Social, CODES.

Coordinadora Ecuménica de la Iglesia de los Pobres, CEIPES

Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña , CONAMUS.

Consejo Coordinador de Concertación Comunal, CCCC.

Corporación de Comunidades por la Paz y la Solidaridad , CORDECOM.

Espacio Ecuménico de Iglesias.

Equipo Maíz

Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES.

Federación Sindical de El Salvador, FESS

Frente Sindical Salvadoreño, FSS.

Foro para la Defensa de la Constitución. FDC

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.

Fundación Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER

Fundación Maquilishuat, FUMA.

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES.

Fundación para el Desarrollo de la Mujer y la Sociedad , FUNDEMUSA.

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES.

Fundación Segundo Montes.

Iglesia Bautista Enmanuel de El Salvador, IBE.

Iglesia Luterana.

Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera, CEMUJER.

Instituto de Investigación y Capacitación de la Mujer , IMU.

Llamado a la Acción Contra la Pobreza-ES

Mesa de Mujeres Campesinas.

Mesa Permanente Para La Gestión del Riesgos, MPGR.

Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de Maquila.

Movimiento Comunal Salvadoreño, MCS.

Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, MAM.

Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR-12

Movimiento Unificado Francisco Sánchez, MUFRAS-32.

Organización de Trabajadoras del Sexo, OTS.

Sínodo Luterano.

Sindicato de Empresa de trabajadores de ANDA, SETA.

Sindicato de Trabajadores del INPEP, SITINPEP.

Tutela Legal del Arzobispado, TLA.

Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES