El 28 de noviembre, el clamor del pueblo salvadoreño, manifestado en protestas masivas organizadas por sindicatos de trabajadores y trabajadoras de hospitales y organizaciones comunitarias de salud, logró presionar a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar un préstamo de $80 millones para financiar la Reforma de Salud del gobierno.

Sin embargo, la celebración de la victoria fue agridulce, pues el partido de derecha la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se aferró al poder político que todavía manejan en la legislatura y reasignó $10 millones que fueron destinados a mejorar el sistema de compartimiento de información entre hospitales públicos y clínicas, cortando financiamiento para lo que Eduardo Espinoza, el Vice-Ministerio de la Política de Salud, llama “la columna vertebral de la Reforma de Salud.”

La fracción legislativa de ARENA, que puede bloquear por un voto la mayoría calificada (56 votos) necesaria para aprobar préstamos, estancó la aprobación de los fondos por meses, exigiendo más de $12 millones en reasignaciones de partidas presupuestarias y que $7 millones de otro préstamo ya aprobado sean desembolsados inmediatamente al Alcalde de San Salvador y candidato presidencial de ARENA para 2014, Norman Quijano. El Presidente Mauricio Funes clasificó su posición como “chantaje político.” Las reasignaciones fueron aceptadas por el Ministerio de Salud y las demás fracciones legislativas con la esperanza de poder aprobar el financiamiento importante antes de que la oferta del préstamo se venciera al final del año; sin embargo, los $7 millones para Quijano no fueron aprobados y ARENA siguió paralizando el proceso, exigiendo documentos que ya se les habían dado. El disgusto público por sus acciones, evidente en las redes sociales y en protestas masivas frente a la Asamblea Legislativa y la sede de ARENA finalmente les obligó a votar para aprobar el préstamo.

Ahora, mientras la Asamblea procede a debatir la aprobación de un préstamo para estimular la producción agrícola local, la fracción de ARENA está exigiendo que fondos sean destinados para PROCAFÉ, una fundación privada financiada y dirigida por los grandes cafetaleros y que recibió $23 millones en contratos con el gobierno durante los 20 años que ARENA ocupó la oficina ejecutiva.